El gobierno social-liberal del PSOE culmina la cuesta de enero con uno de los “regalitos” a los que nos tiene acostumbrados, el regalo no es otro que una nueva ofensiva en toda regla contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esta vez son las pensiones, pero no sólo. En lo que respecta al sistema público de pensiones, la cosa viene a ser como sigue:
Retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años.
Ampliación del periodo de cálculo para establecer la cuantía de la pensión de los ya abusivos 15 años actuales a 20 o 25.
Aumento de las dificultades para acceder a prejubilaciones.
Cuestionamiento de algunas pensiones de viudedad.
En resumen, y traduciendo a un lenguaje que podamos entender los que no formamos parte del gobierno ni de su pléyade de voceros, el asunto es el siguiente:
Las trabajadoras y los trabajadores deberemos trabajar durante más tiempo, es decir, se nos va a explotar durante más años antes de poder acceder a una pensión. Lo cual, a su vez, implica que la gente joven va tener todavía más dificultades para acceder a un puesto de trabajo digno, aumentando así los índices de precariedad (tendrán que coger lo que se les ofrezca) y/o exclusión.
Quienes consigan llegar a cobrar las pensiones cobrarán menos. Por muchos equilibrios estadísticos que quieran hacer, al aumentar el periodo de cálculo las cuentas se hacen con masas salariales más bajas (lo que se ganaba hace 20 o 25 años).
Como el sistema público está en peligro (causa última esgrimida por el gobierno para lanzar medidas de este tipo), se volverá a producir, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, un nuevo desvío de ingresos provenientes de los salarios hacia los planes de pensiones de la banca privada (otra no hay), que se unirá a la escandalosa inyección de dinero público que ya les suministró el mismo gobierno del PSOE para paliar el desastre especulativo en el que se habían metido y que, como es lógico, venía del mismo sitio: del bolsillo de los trabajadores.
¿No se parecen demasiado estas medidas a los planteamientos tradicionales de la patronal? Y si es así, ¿no empieza a resultar algo más que curioso que sean precisamente los gobiernos social-liberales los más audaces a la hora de convertir en hechos las pretensiones de sus verdaderos amos?
Si a todo esto le sumamos la anunciada reducción de gasto público (la cual afectará, como no puede ser de otra forma, a las políticas sociales y a los derechos de ciudadanía) y, lo que es peor, los recortes en la oferta de empleo público, precisamente cuando los datos del paro se acercan peligrosamente al 20% (y eso con el engañoso sistema de cálculo de la EPA), el mensaje del gobierno del PSOE no puede estar más claro: “La crisis no la vamos a pagar nosotros, quienes más hemos hecho para provocarla (o sea, capitalistas y gobiernos), faltaría más, la crisis la vais a pagar vosotros (o sea, nosotros, los hombres y mujeres que no tenemos más remedio que vender nuestra fuerza de trabajo a precio de mercado)”.
Pero lo que ya viene oliendo a manido, porque ya lo han repetido hasta la extenuación, es la estrategia seguida para hacernos tragar esta nueva agresión. El mecanismo se basa en dos pilares fundamentales:
La culpa es nuestra. Resulta obvio. Cada vez los trabajadores y las trabajadoras vivimos más, la esperanza de vida aumenta y hay más pensionistas; como además somos tan torpes que no somos capaces de acceder a puestos de trabajo dignos de tal nombre, cotizamos menos. Por eso el gobierno, en su afán por salvar el sacrosanto sistema público, no tiene más remedio que hacernos trabajar durante más años.
El problema no es que los patronos vengan cotizando cada vez menos a la seguridad social desde la primera reforma de 1985 hasta la fecha, cargando el peso de la cotización sobre la espalda de unos trabajadores que cada vez tienen más dificultades para acceder a empleos de calidad. El problema no es que tanto los gobiernos del PSOE como los del PP hayan utilizado los fondos de la seguridad social para “sanear” (entiéndase despedir y prejubilar) empresas públicas que después se vendían a precios de saldo al capital privado. El problema no es que el gobierno haya dispuesto con sistemas de control bastante dudosos de los superavits (ya de por sí cuestionables) de la seguridad social. No, el problema, mire usted, es que las trabajadoras y los trabajadores vivimos demasiado, y las consecuencias de semejante descaro las vamos a pagar nosotras y nosotros.
La segunda pata del plan descansa sobre la estrategia del órdago que se resume en: “Esto es lo que hay, estamos dispuestos a negociarlo, pero a partir de aquí”. Es decir, se lanzan las medidas en su faceta más dura y se abre un proceso de negociación que ya no parte de ningún tipo de plataforma reivindicativa, sino de cómo se pueden hacer tragables las medidas propuestas. Es lo que en otros tiempos se llamaba negociar con la navaja abierta para decidir si te apuñalo o, como mucho, la cierro y me conformo con un buen puñetazo. Lo peor, es que este mismo planteamiento es el que después hacen los sindicatos mayoritarios al conjunto de la clase trabajadora, algo así como: la cosa podía haber sido peor pero gracias a la negociación hemos conseguido que se quede sólo en eso, en un buen puñetazo.
La pregunta es, lógicamente, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esta forma chulesca de hacernos pagar todos los desmanes cometidos por el capital y sus gobiernos? Desde luego no con manifestaciones en las que la versión oficial de las direcciones de los sindicatos mayoritarios es que la culpa es del PP (nadie lo niega) que ahora está en la oposición y no de quien está aplicando las medidas, o sea, el PSOE y que lo que queremos los trabajadores y las trabajadoras es que la patronal se siente a negociar, que todo tiene solución si lo hablamos.
Y si, en vez de eso, nos planteamos un verdadero calendario de movilizaciones que insoslayablemente debe iniciarse con una Huelga General que no quede en flor de un día, sino que sea el aldabonazo de salida de una lucha que empiece a dejar claro quienes son los verdaderos responsables de la situación en la que nos encontramos y, sobre todo, que si va a haber algún tipo de negociación será para discutir qué se va a hacer para que el peso de la crisis no descanse sobre nuestros hombros. Otra cosa es entregarse antes de empezar la pelea.
Yo, por mi parte, lanzo una primera contrapropuesta a esto de las pensiones: 67 años de cárcel para cada uno de los responsables de la agresión. Y si acaso, luego, ya lo negociamos.
Julio Labrador.
